Prensa/Minhvi, 10 de mayo de 2016.- Familias que habitan en los urbanismos construidos por la Gran Misión Vivienda Venezuela, (GMVV), en el estado Aragua, respaldaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, (TSJ), que declaró inconstitucional la Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y otros Programas Habitacionales del Sector Público, aprobada por la mayoría de derecha en la Asamblea Nacional, (AN).
Esta propuesta de la derecha tiene, como objetivo principal, mercantilizar la vivienda y los terrenos para el beneficio directo del mercado inmobiliario y el sector financiero. En la sentencia del TSJ, emitida el pasado viernes, se puede leer que la normativa carece del estudio de impacto económico para determinar su viabilidad y de la consulta popular, requisitos obligatorios establecidos tanto en el Reglamento Interior y de Debate del Parlamento como en la Constitución Bolivariana de Venezuela.
Durante un recorrido por el Urbanismo Socialista Guasimal, construido por la GMVV en Maracay, municipio Girardot, familias que habitan en el desarrollo habitacional manifestaron su respaldo al dictamen del TSJ y rechazaron las intenciones mercantilistas de la derecha.
Yuneidy Semprún expresó al respecto que la Ley presentada por la derecha parlamentaria "es una estafa inmobiliaria", tal como la ha denominado el pueblo venezolano. "Esta es una propiedad que nos entregó nuestro presidente Hugo Chávez y desde ese momento es de nosotros, por esa razón rechazamos esta Ley y apoyamos la sentencia del TSJ", comentó.
"La derecha lo que quiere es que uno pague, el que no tenga dinero para pagar entonces le quitan su vivienda. Esta Gran Misión la creó nuestro Comandante Hugo Chávez para (...) beneficiar a todo el pueblo", añadió Semprún.
Del mismo modo, Meleise Díaz, señaló que la GMVV forma parte del legado y huella que dejó el Comandante Chávez para el vivir bien de todos los venezolanos, específicamente para aquellos de bajos recursos.
"La derecha quiere privatizar este derecho como lo hicieron en la Cuarta República", comentó Díaz, quien agregó que se trata de una ley para estafar a los venezolanos que habitan en los urbanismos construidos por el Gobierno Bolivariano.
Por su parte, Marielena Hernández, también habitante de Guasimal, también se manifestó en respaldo a la sentencia dictada por el TSJ ya que esta ley pretende, además de privatizar el derecho a la vivienda, "derogar leyes que garantizan y protegen el interés social de esta Gran Misión".
La Ley Estafa, denominada así por el pueblo venezolano, pretende derogar leyes que garantizan y protegen el interés social de la GMVV, como la Ley del Régimen de Propiedad de las Viviendas; Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas y la Ley Especial de Regularización y Ordenamiento de la Tenencia de Tierras de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos.
Además, vulnera la Ley de Protección Contra la Estafa Inmobiliaria; Ley Orgánica de Emergencia para Terrenos y Viviendas; Ley para la Determinación del Justiprecio de Bienes Inmuebles en los Casos de Expropiaciones de Emergencia con fines de Poblamiento y Habitabilidad; la Valoración de Terrenos de la GMVV, y la Ley del Régimen Prestacional del Régimen de Vivienda y Hábitat, las cuales también pretenden ser anuladas por esta ordenanza.
Prensa: Carolina Rodríguez (Con información de AVN)
Gráfica: Minhvi
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