Prensa / Minhvi 25 de mayo de 2016.- En la Gaceta Oficial Nº 40.909 fue publicado la inconstitucionalidad de la llamada Ley de Otorgamiento de Títulos de Propiedad a Beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y Otros Programas Habitacionales del Sector Público propuesta por la actual Asamblea Nacional, ya que la misma atenta contra el derecho a la vivienda de los venezolanos.
El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, haciendo uso de sus facultades constitucionales, ejerció la solicitud de declarar la inconstitucional de lo que él ha denominado la Ley Estafa, la cual está prevista en el artículo 214 de la Carta Magna.
“…Cuando el Presidente o Presidenta de la República considere que la ley o alguno de sus artículos es inconstitucional solicitarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el lapso de diez días que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince días contados desde el recibo de la comunicación del Presidente o Presidenta de la República. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Presidente o Presidenta de la República promulgará la ley dentro de los cinco días siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso”, dicta la Constitución en el artículo referido.
Dentro de los argumentos que presentó el Jefe de Estado ante la aprobación de esta ley por parte del Poder Legislativo, se encontró dentro de la solicitud realizada por Maduro que “Esta ley propone eliminar la Ley de Justiprecio de Bienes Inmueble, viola la Constitución y la Ley de Registros y Notarias, la Ley Orgánica de Misiones y Grandes Misiones, la progresividad de los derechos y antepone el interés económico ante el interés social porque pretende mercantilizar la vivienda”.
Por su parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), facultado a través de su Sala Constitucional declara en dicha Gaceta, específicamente en su pronunciamiento De la Inconstitucionalidad de la Ley lo siguiente“…el gran esfuerzo que ha hecho la sociedad a través de las políticas estadales como la Gran Misión Vivienda Venezuela, en la cual todos los contribuyentes han aportado para que las familias con mayores necesidades materiales accedan al derecho constitucional a una vivienda digna se vea desvirtuado, por cuanto se estarían privatizando los bienes inmuebles destinados a tal fin sin ninguna contraprestación…”
A juicio del TSJ esto ley, solo daría los títulos de propiedad con el fin único de que las personas puedan transar un bien que fue concebido para satisfacer una necesidad de vivienda, la cual obedece además a un derecho constitucional que el Estado está garantizando a través de sus programas sociales para tal fin.
Con esta decisión, el Gobierno y el pueblo, tienen garantizado los fundamentos jurídicos para que esos dos millones de familias que confían en tener su techo digno a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, puedan tener la tranquilidad de que no tendrán trabas legales para hacer realidad su sueño.
Prensa: Heber Rondón
Gráfica: Archivo
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