PrensaMinhvi/ Caracas, 28 de junio 2016.- En resolución conjunta de los ministerios del Poder Popular para Hábitat y Vivienda; Ecosocialismo y Agua; Industria y Comercio; Petróleo y Minería; Industrias Básicas, Estrategas y Socialistas publicada en la Gaceta Oficial número 40.931, en la cual se designa a las empresas del sector público que ejercerán el derecho de preferencia en la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de hierro, aluminio y cobre. De igual forma, se establece la modalidad para la referida adquisición con la creación del Comité Interministerial.
Esta normativa da continuidad al Decreto N° 2.258, publicado en la Gaceta Oficial 40.861, donde el Ejecutivo Nacional, designa a las empresas del sector público que ejercerán el derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de aluminio, cobre y hierro, a los fines de su transformación e incorporación para su utilización prioritaria en obras de construcción en el territorio nacional, así como para el desarrollo de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV).
Las empresas del sector público designadas para ejercer el derecho preferencial son:
-Complejo Siderúrgico Nacional, S.A.
-Siderúrgica del Orinoco, Sidor, S.A.
-E.P.S. Recuperadora de Materias Primas, C.A.
-Conductores de Aluminio del Caroní, C.A.
-Reciclajes Cuba Venezuela S.A.
-Industria Nacional de Artículos de Ferretería, S.A.
-Fábrica de Estructuras Metálicas Leonarda Rivas.
-Centro de Producción Rines de Aluminio, C.A.
La resolución establece que las personas naturales y jurídicas dedicadas a la recolección, transporte y comercialización de chatarras de hierro, aluminio, cobre y residuos sólidos metálicos, deberán demostrar documental y técnicamente el origen del derecho que les asiste sobre dichos materiales, así como inscribirse en el registro bajo un sistema informático, que desarrollará en los próximos días el ministerio con competencia en Industrias.
En lo correspondiente a la presentación de la ofertas, se debe presentar un escrito que contenga sello húmedo y membrete del oferente, fecha de presentación y recepción oficial entre las partes, elaborado en dos originales y deberá cumplir con todas las modalidades descritas en el artículo 6 del decreto.
En este particular, las ofertas puede realizarse a través de tres modalidades a mencionar: Compra a Aliados Estratégicos; Compras con Puertas, y Compras por Operativos Especiales.
De igual forma, si las empresas no están interesadas en la chatarra o residuo sólido metálico, emitirán una respuesta negativa, a partir de la cual el oferente podrá vender el material a cualquier persona nacional o jurídica ubicada en el territorio nacional.
Asimismo, el decreto también establece las condiciones para oferta a personas jurídicas sin derecho a preferencia, donde se determina que las personas dedicadas a comercializar chatarra tenían entonces 60 días para venderla o reciclarla; de lo contrario, debían justificar la propiedad sobre los residuos ante el ministerio con competencia en materia de Industrias para determinar su destino.
En cuanto a la creación del Comité Interministerial, el cual estará integrado por representantes de los ministerios del Poder Popular para Hábitat y Vivienda; Ecosocialismo y Agua; Industria y Comercio; Petróleo y Minería; Industrias Básicas, Estrategas y Socialistas, este último será el encargado de coordinar esta instancia que velará por el seguimiento de todas las actividades inherente a la adquisición, procesamiento, distribución y comercialización de chatarras y residuos sólidos metálicos.
El Comité Interministerial, se reunirá una vez al mes, así como extraordinariamente cuando lo requiera uno de los integrantes. De igual manera, las decisiones y medidas adoptadas en el seno de esta instancia, serán ejecutadas por el Ministerio de Hábitat y Vivienda, y el Ministerio de Industria y Comercio.
Dentro de las atribuciones del Comité Interministerial está: Presentar el Plan Anual de Procesamiento de Chatarra; Articular con los órganos y entes públicos para mejorar la cadena; Mantener un diagnóstico permanente de la actividad de comercialización, transporte y procesamiento de chatarra para mejorar la demanda productiva; Establecer la política de fijación de precios de la chatarra formalmente publicados por la Superintendencia Nacional de Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
El decreto prohíbe a las empresas designadas, la compra de chatarra o residuos que contengan elementos reactivos, inflamables, corrosivos, infecciosos, radiactivos o tóxicos, que representen un riesgo para la salud, los recursos naturales o para el ambiente.
Prensa: Desiree Rengifo (Fuente Gaceta Oficial 40.931)
Gráfica: Archivo
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